Trece años después del estallido que cimbró a la minería mexicana, en el marco de una próxima resolución del sistema interamericano y en el contexto de la alternancia que vive el país, el Gobierno federal ha anunciado que se reanudarán las labores de rescate y el presidente de la República ha encargado la supervisión de las labores a la secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde. Así, la digna resistencia que por más de una década han protagonizado los familiares de los mineros -sobre todo mujeres: madres, hijas, esposas- comienza a acercar esta medida fundamental de reparación.
El rescate de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos es una buena noticia para los derechos humanos. De concretarse, la recuperación de los cuerpos no sólo será un acto de justicia y una medida de esencial carácter humanitario para las familias, sino también un claro mensaje sobre la recuperación de la rectoría estatal en el sector minero, ámbito estratégico de la actividad económica en el que durante las últimas décadas el Estado fungió sólo como gestor de los intereses privados. Por eso, como han demandado las familias, es fundamental que el proceso de rescate sea claramente encabezado por el Gobierno federal, acotando la intervención de otros actores, sobre todo de aquellos implicados en el propio siniestro como la empresa o el propio sindicato.