El resultado de dicha evaluación, fue francamente vergonzoso. La delegación del Gobierno de México no pudo responder, entre diversas cuestiones, principalmente:
Por qué los elementos de las Fuerzas Armadas identificados como responsables por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por la comisión de tortura, no han sido investigados ni llevados ante la justicia.
Por qué la impunidad sigue siendo tan alta en los casos de tortura denunciados penalmente.
Por qué el arraigo sigue en la Constitución mexicana pese a que diversos mecanismos de la ONU le han solicitado al Estado eliminarlo.
Porqué no ha realizado reformas legislativas y estructurales en la poli?tica migratoria para dejar de detener, como pra?ctica sistema?tica y generalizada, a personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas y porqué sigue obstaculizando el ingreso y monitoreo de organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de los derechos humanos a las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales.
Porqué el Estado mexicano sigue sin implementar un plan de desmilitarización de la seguridad pública.
Porqué no han implementado un mecanismo eficaz e independiente para combatir la impunidad.
En suma, la actual administración enfrenta grandes desafíos para prevenir, investigar y sancionar la tortura, pero también para reconocer y reparar integralmente a las víctimas. Será un buen inicio, empezar a priorizar el tema en la agenda pública del Gobierno, el cual parece haber estado desde que comenzó la actual administración, completamente ausente. Por otro lado, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tiene solo hasta esta semana para responder todas las preguntas que no supo contestar al Comité. Las observaciones finales de esta revisión, así como las recomendaciones, serán emitidas por el Comité a mediados de mayo.