Malas noticias para el Presidente de la República. En su conferencia mañanera del 18 de marzo pasado el titular del Poder Ejecutivo anunció que ya no se otorgarán más concesiones mineras en el territorio nacional, al tiempo que también afirmaba que no se cancelará ninguna de las que se otorgaron por gobiernos anteriores.
Las declaraciones del Presidente de la República no inquietaron a los empresarios mineros porque, como él mismo dijo, en los pasados 36 años, se entregaron concesiones como nunca, dejando un cuarto del territorio en manos de los empresarios mineros, que por su extensión tardarán mucho en explotar. Dada la situación, suspender el otorgamiento de concesiones no implica recuperar el mineral en beneficio de la nación, para hacerlo se requiere revisar el proceso de otorgamiento y cancelar las que no se hayan otorgado conforme a derecho que son, al menos, las que se han otorgado contraviniendo el derecho de los pueblos indígenas a la autonomía, el territorio, acceso preferente a los recursos naturales en ellos existentes y la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada.
Frente a la evidencia de que las concesiones mineras otorgadas sobre los territorios indígenas violan los derechos de los pueblos indígenas, el Presidente de la República tiene argumentos para matizar su postura y en lugar de no revocar las concesiones, inicie un proceso de revisión de ellas y las que se hayan extendido conforme a derecho dejarlas vigentes pero las que no, cancelarlas. Otra medida que puede tomar es enviar un memorándum a las autoridades correspondientes para que dejen de litigar contra los pueblos indígenas, como lo vienen haciendo cada que un pueblo les gana un juicio, porque eso equivale a defender de oficio a las empresas. De no tomar medidas en este sentido, el Presidente de la República podría seguir enfrentando el descontento de los pueblos. Y eso no es bueno para la Cuarta Transformación que se propone impulsar en el país.