En enero de 2019 se publicó un presupuesto de $4 mil 165 millones de pesos para comunicación social, aprobado para el ejercicio fiscal 2019. Es un monto similar al aprobado por el gobierno de Enrique Peña Nieto en 2018. En su momento, será necesario analizar si efectivamente se cumplirá con la austeridad anunciada en materia de publicidad oficial y el respeto a los topes presupuestales o si las prácticas poco transparentes y de ejercicio indiscriminado del gasto se mantendrán.
No obstante, la semana pasada, el mismo Jesús Ramírez, anunció, en el marco de las conferencias matutinas, la publicación de una Política de Comunicación Social que si bien, en conjunto con los lineamientos emitidos en el mes de enero de este año, son un elemento importante para promover mayor transparencia y claridad sobre la asignación del gasto en publicidad oficial, también se quedan cortos cuando se trata de atender el problema que refiere la asignación arbitraria de recursos multimillonarios y por lo tanto en la posibilidad de romper la relación perversa que hasta hoy existe entre el poder y la prensa. Los controles al gasto en publicidad no pueden depender de la voluntad política del gobierno en turno, de ahí la importancia de contar con una legislación que la regule de manera que no vulnere los derechos a la libertad de expresión y a la información.
El problema que desde Artículo 19 y Fundar hemos expuesto desde hace más de 10 años no es uno que se resuelva desde el ejecutivo federal y requiere de una política de Estado. En este asunto hay responsibilidad de todos los poderes y todos los niveles de gobierno, incluidos los órganos autónomos. Por esto, hemos sido insistentes en la necesidad de una ley general que fije criterios claros, objetivos y transparentes para regular la publicidad oficial, que además, sancione el uso indiscriminado del gasto y prohibía su uso propagandístico.