Sin embargo, se conjuntan dos problemas: la completa falta de supervisión sobre los actos de corrupción en los que pueden incurrir los ministerios públicos y el desconocimiento de la norma por parte de los usuarios, quienes la mayoría de las veces son pobremente asesorados por defensores o asesores jurídicos saturados de trabajo. Esto nos lleva a un desolador resultado, crecimiento de la impunidad y de la “caja chica” que día con día alimentan los operadores del sistema de justicia mediante actos de corrupción.
Mucho se ha repetido que los ánimos punitivos y la regresión legislativa, tal como lo ocurrido con el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, han señalado al propio sistema penal acusatorio y su construcción legal como el principal culpable de la sistémica impunidad. Sin embargo, un punto crítico causante en gran medida de los altos índices de impunidad dentro del sistema penal es la corrupción interna de las procuradurías y fiscalías, que se debe a la baja calidad regulatoria de los medios de control interno.
En este contexto, en Impunidad Cero y TOJIL estamos convencidos de que si bien urge generar políticas públicas efectivas para combatir la corrupción y fortalecer la correcta ampliación del sistema de justicia, el verdadero cambio sólo puede venir acompañado de la información y empoderamiento de los ciudadanos.