En el contexto de lo que hemos llamado guerra contra las drogas, entre otros muchos aspectos, las mujeres enfrentan las políticas prohibicionistas por un lado, siendo las más afectadas por la persecución de los eslabones más débiles de la cadena de producción y tráfico de drogas, y por el otro, sufriendo diferenciadamente la intensificación de la violencia asociada a la presencia de grupos criminales en los territorios. Estos impactos deben entenderse, además, dentro de un contexto más amplio de violencia y desigualdad estructural contra las mujeres.
En relación con las severas medidas de carácter punitivo que adoptan los Estados en contextos de prohibición, criminalización y persecución de todas las personas involucradas en la cadena del narcotráfico, las cifras muestran cómo el uso de la cárcel como respuesta ha afectado desproporcionadamente a las mujeres. Según el informe “Balance de una década de política de drogas” de IDPC, en algunas regiones del mundo, más del 80% de las mujeres encarceladas han sido privadas de la libertad por delitos relacionados con drogas. Las mujeres están encarceladas en todo el mundo por este tipo de delito más que por cualquier otro delito.
El conflicto provocado por el accionar de la delincuencia organizada tiene graves consecuencias para las mujeres y niñas. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las adolescentes y las mujeres jóvenes se ven especialmente expuestas a diversas formas de violencia sexual, explotación, tratos crueles, humillantes y degradantes, homicidios y trata de personas con fines de explotación sexual, por parte de integrantes de grupos criminales que utilizan su situación de poder para ejercer violencia contra ellas. En México, organizaciones de la sociedad civil han denunciado que estos patrones de violencia contra las mujeres ejercidos por el crimen organizado, derivados en primera medida de un contexto estructural de violencia de género, se han visto intensificados en el marco de estrategias de militarización para el combate al narcotráfico. El antecedente de Ciudad Juárez muestra cómo en particular, a partir del 2006, con la puesta en marcha de la guerra contra el narco, las prácticas de desaparición forzada, tortura, violación y secuestro sobre los cuerpos de las mujeres sirven para negociar el territorio. “Siguiendo la ruta del feminicidio se pueden trazar las nuevas rutas de la criminalidad organizada” y del impacto del encuentro entre estos dos poderes que reflejan la estructura patriarcal: el narco y las fuerzas militares.