Andrés Manuel López Obrador nos promete acervos capaces de iluminar miles de comisiones de la verdad. Para hacer factible la esperanza, sólo falta que resuelvan ambigüedades y otorguen presupuestos.
El 28 de febrero apareció un decreto presidencial que ordena una apertura sin precedentes. López Obrador ordena a todas «las dependencias, incluidos sus órganos administrativos desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal» que transfieran «al Archivo General de la Nación la totalidad de los documentos históricos que posean y que se encuentren relacionados con violaciones de derechos humanos y persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales, así como con actos de corrupción».
El decreto promete que las «erogaciones» que cause «se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2019 al Archivo General de la Nación». Lo asignado para este año es ridículo: 83 millones; 11 millones más que en 2018. Si a la promoción del béisbol le dedicarán 350 millones, es obvio que el conocimiento no es prioridad de la Cuarta Transformación. El decreto podría ser muy positivo si deja de ser un compendio de buenos deseos.