Difusión Cencos México D.F., 6 de agosto de 2010
Boletín de prensa
Front Line
Front Line manifiesta su grave preocupación en relación a presuntas irregularidades durante el proceso criminal contra el Sr. Raúl Hernández Abundio. El defensor está siendo actualmente procesado por el asesinato en 2008 del Sr. Alejandro Feliciano García, individuo supuestamente vinculado al ejército y a la policía. Desde la detención de Raúl Hernández Abundio el 18 de abril de 2008, se han denunciado numerosas contradicciones e irregularidades en el proceso penal. Las conclusiones finales de dicho proceso serán presentadas el 6 de agosto de 2010.
Raúl Hernández Abundio es defensor de los derechos indígenas e integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), la cual defiende los derechos de los pueblos indígenas en las comunidades de Ayutla de los Libres y Acatepec, Costa Montaña de Guerrero. Los miembros de OPIM han venido recibiendo amenazas durante años, aunque estas se vieron duplicadas a partir del inicio de una serie de campañas de denuncia de violaciones sufridas por mujeres Me’phaa, y de esterilizaciones forzadas impuestas a hombres Me’phaa. Las amenazas e intimidación de integrantes de OPIM alcanzaron un nivel de gravedad tal, que hasta la fecha, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado medidas cautelares de seguridad a favor de 107 integrantes.
Cuatro colegas de Raúl Hernández Abundio, quienes también habían sido detenidos en relación con el asesinato de Alejandro Feliciano García, fueron puestos en libertad el 19 de marzo de 2009.
Sin embargo, Raúl Hernández Abundio permanece en detención. El proceso penal en su contra está basado en las declaraciones de dos testigos. Durante la fase de presentación de evidencias, se demostró que estos testigos habían presentado testimonios falsos y que no habían presenciado el asesinato. La acusación no introdujo ninguna evidencia adicional que pudiera soportar los testimonios originales de los testigos. Asimismo, varios testigos aportados por la defensa, presentaron evidencias de que Raúl Hernández Abundio no se encontraba en el lugar de los hechos en la fecha en que ocurrieron.
El 27 de julio de 2010, durante una entrevista de prensa, el Gobernador del Estado de Guerrero, Sr. Zeferino Torreblanca fue interrogado sobre si el gobierno tenía certeza sobre las acusaciones contra Raúl Hernández Abundió. El Gobernador dijo: “si el gobierno del estado tiene certeza de que debe ser acusado no debe retirar (los cargos), si el gobierno tiene certeza de que están mal las integraciones de las averiguaciones claro que los debe retirar”.
Cuando se le preguntó al Gobernador por segunda vez si él podría retirar los cargos en contra del defensor de los derechos humanos, el Sr. Torreblanca declaró que “el gobierno del estado no tiene por qué retirar los cargos, el gobierno del estado no tiene interés de mantener a nadie en la cárcel solamente a los que infrinjan la ley, punto y seremos duros con la ley”.
Front Line insta al Fiscal del Estado de Guerrero, el Sr. Murueta Urrutia, a que ignore toda declaración política en relación con este proceso, y que se base únicamente en los hechos comprobados a la hora de tomar decisiones legales.
Front Line insta a las autoridades mexicanas, y en particular las autoridades del Estado de Guerrero, a que:
1. De inmediato y sin condicionamientos liberen al Sr. Raúl Hernández Abundió, puesto que se tienen motivos para pensar que el proceso contra él es consecuencia de sus actividades de defensa de los derechos humanos;
2. Aseguren que el trato dispensado al Sr. Raúl Hernández Abundio durante su detención, cumpla con las condiciones establecidas en el “Conjunto de principios para la protección de todas las personas bajo cualquier forma de detención o prisión”, adoptados por la Asamblea General de la ONU, Resolución 43/173, del 9 de diciembre de 1988;
3. Lleven a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre la detención de Raúl Hernández Abundió, las irregularidades en el proceso penal y la supuesta falsificación de testimonios en su contra, con el fin de publicar los resultados y de llevar a los responsables ante un tribunal competente e imparcial, y aplicarles las sanciones previstas por la ley;
4. Aseguren que en toda circunstancia todos/todas los/las defensores/as de los derechos humanos de México puedan llevar a cabo sus actividades legítimas en defensa de los derechos humanos sin temor a represalias y libres de toda restricción.
Front Line recuerda respetuosamente a las autoridades mejicanas, que la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, adoptada unánimemente por la Asamblea general de la ONU el 9 de Diciembre de 1998, reconoce la legitimidad de las actividades de los defensores de derechos humanos y su derecho a llevar a cabo las mismas sin temor a represalias. En particular, destacamos el Artículo 11: “Toda persona, individual o colectivamente, tiene derecho al legítimo ejercicio de su ocupación o profesión. Toda persona que, a causa de su profesión, pueda afectar a la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales de otras personas deberá respetar esos derechos y libertades y cumplir las normas nacionales e internacionales de conducta o ética profesional u ocupacional que sean pertinentes.”
Le saluda atentamente,
Mary Lawlor,
Directora.
Dirigida al gobernador de Guerrero.