Al reconocer la competencia del Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) para recibir y examinar comunicaciones individuales por este delito, el Estado mexicano abriría un nuevo camino para que las víctimas accedan a la justicia, señaló el representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab.
Las resoluciones del comité, enfatizó Jarab, tienen carácter casi judicial
, pues son vinculantes y los estados señalados están obligados a cumplir sus recomendaciones. Esto puede ser útil en dos dimensiones: se resolverían los casos individuales, pero a la vez se puede generar un impulso para las soluciones sistémicas en México. Es decir, el efecto puede ir más allá de uno o varios casos particulares
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