La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) acerca del caso “Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en Atenco vs. México” debería ser lectura obligada en el Congreso, previa a la toma de decisiones acerca de la seguridad pública. La CoIDH no se refiere en ésta a las fuerzas armadas sino a la actuación de las fuerzas policiacas en Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006, pero emite rigurosas observaciones acerca del uso de la fuerza, la tortura sexual y la prisión preventiva, útiles para repensar las propuestas actuales en torno a la seguridad.
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Ante estas violaciones, la CoIDH hizo recomendaciones que se contraponen a las propuestas de ampliar la prisión preventiva o de militarizar la seguridad pública, y refuerzan, en cambio, la necesidad de profesionalizar a las policías, y, aquí, investigar la cadena de mando.