La sentencia del caso Alvarado cuestiona los efectos negativos que ha tenido la participación de militares en funciones de seguridad pública, haciendo eco a las recomendaciones de informes presentados por el Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias y del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU. Un argumento importante de la sentencia, es que su análisis no focaliza las responsabilidades en algunos efectivos indisciplinados
, como insinuó el discurso presidencial, sino en una estrategia de seguridad que compromete los principios que deben regir la fuerza pública y las garantías de los detenidos. Retomando las recomendaciones planteadas por los informes de la ONU, la sentencia señala la necesidad de desmilitarizar las estrategias de combate contra el crimen organizado y adecuar el marco constitucional interno para permitir un abordaje estatal de la defensa de la seguridad ciudadana conforme a estándares internacionales.
Muchos de quienes votamos por Andrés Manuel López Obrador pusimos nuestras esperanzas en que su estrategia de construcción de una paz digna con justicia, incluiría la desmilitarización. Voces como las de Nestora Salgado García, representante por Morena en el Senado de la República, hacen eco a esta demanda. Ella ha vivido en carne propia las arbitrariedades cometidas por el Ejército y sabe que la respuesta para la construcción de la paz no puede estar en las manos de una institución que tiene una historia negra de violaciones a los derechos humanos. Los militares han sido formados para vencer al enemigo y ganar guerras, no para proporcionar seguridad ciudadana, y esta cultura militar no puede ser revertida con un curso de capacitación. Esperemos que el nuevo Presidente escuche a las voces más lúcidas dentro del Senado y recuerde las promesas de campaña que incluían el sacar al Ejército de las calles.