Así que la reforma constitucional con la que se pretende crear la Guardia Nacional sería inconvencional. Es decir, jurídicamente sería incompatible con normas contenidas en sentencias que estamos obligados a cumplir. Con ello el Estado mexicano se apartaría de sus compromisos internacionales y las autoridades mexicanas podrían incurrir en responsabilidad. Pero, además y esto lo que más me interesa advertir, las resoluciones de la Corte IDH están orientadas a prevenir y a evitar la repetición de graves violaciones a los derechos humanos de las personas. Es decir, no se trata de una postura teórica o retórica sino de un postulado normativo fundado en la experiencia de lo que sucede cuándo dejas en manos de la lógica militar el expediente de la seguridad pública o interior, como quieran que se llame.
En paralelo, tomando en cuenta la experiencia reciente de otros países de nuestra región, la propia Corte IDH ha advertido otra razón para objetar la estrategia militar en estas lides: las fuerzas armadas van ganando poder, recursos y control territorial. ¿Por qué aceptarían renunciar a ello –como propone la propuesta– dentro de 5 años?