El éxito o fracaso de un proceso de consulta a comunidades indígenas puede deberse a muchos factores. Pero rara vez son azarosos. En muchos casos, las acciones y omisiones de las autoridades encargadas de llevar a cabo el proceso constituyen un auto-sabotaje. El actual gobierno federal ha prometido combatir la corrupción, ser intolerante frente a violaciones a derechos humanos y garantizar plenamente los derechos de los pueblos originarios. Esos tres compromisos lo obligan inevitablemente a observar los procesos de consulta indígena en curso, no solo para identificar malas prácticas con miras a futuro, sino para castigar a los funcionarios responsables de obstaculizarlos y para reparar los daños.
Las consultas indígenas que esta nueva administración inicie, así como las que ya se encuentran en desarrollo, requerirán una tolerancia cero a toda acción u omisión que afecte los derechos de los pueblos originarios. Un ejemplo clave a tomar en cuenta -sobre todo para la construcción del Tren Maya-, es el actual proceso de consulta indígena para otorgarle a la empresa Monsanto el permiso de siembra de soya genéticamente modificada en el Municipio de Hopelchén en Campeche.