La semana pasada, la mayoría de senadores (con 91 votos a favor y 18 en contra) aprobó cambiar la Constitución para ampliar la lista de delitos para los que la prisión preventiva se aplica de forma obligatoria.
De aprobarse la reforma en la cámara de diputados, se estará anulando la presunción de inocencia que exige que nadie sea castigado hasta que no sea declarado culpable. Suena bien que el Estado asegure que quienes cometan estos delitos sean efectivamente sancionado.
La realidad, sin embargo, es que la prisión sin sentencia rara vez sirve para combatir la impunidad. Más bien premia la ineficiencia de los ministerios públicos, fomenta el uso arbitrario del derecho penal y alienta la fabricación de culpables.
La prisión preventiva tiene poco de preventiva. Lleva años existiendo en el derecho mexicano, sin ningún efecto positivo en la reducción de delitos. En lugar de corregir los errores del sistema, medidas como ésta aseguran que la incompetencia de las autoridades subsista y, por tanto, que perdure la impunidad.