Los casos documentados en el informe lamentablemente no son eventos aislados, sino parte del modus operandi de un sistema de justicia carente de métodos de investigación efectivos –como se puede comprobar en infinidad de casos, incluido Ayotzinapa– dentro de un contexto de significativa violencia contra las mujeres. Basta con dar una mirada a cifras de otras organizaciones para comprobar esto: desde el hecho de que el 72% de recomendaciones emitidas por la CNDH por violación a la integridad personal en mujeres incluyeron actos de índole sexual, hasta los cien casos de mujeres presas documentados por Amnistía Internacional, en los que 72 de ellas afirmaron haber sufrido actos de violencia sexual en la detención o en las horas siguientes y 33 denunciaron haber sido violadas.
Para avanzar hacia la erradicación de la tortura sexual, el informe contiene una serie de recomendaciones dirigidas hacia los tres poderes que se pueden consultar en el documento completo y que van desde el cumplimiento de obligaciones de jueces y juezas en el sentido de excluir pruebas ilícitas y verificar los alegatos de tortura, hasta la realización de investigaciones bajo una fiscalía especializada en derechos humanos, pasando por el ordenar a las fuerzas de seguridad civiles y militares que se abstengan de realizar actos de tortura y de violencia de género.
No cabe duda de que la existencia de este patrón de tortura contra las mujeres y la impunidad que lo encubre y promueve son dos factores que refuerzan la importancia de debatir el modelo de seguridad que ha de adoptarse, habida cuenta de las dolorosas fallas que la militarización ha traído y que la falta de una fiscalía independiente fomenta por omisión.
Para dar mensajes contundentes sobre su postura en el tema, sería deseable que la administración entrante revise a fondo estos casos, reactivando las mesas de trabajo del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual y llevando a éste de manera oficiosa los casos de mujeres denunciantes de tortura sexual en el presente informe y en el Amnistía Internacional.