La Suprema Corte tiene en la lista de asuntos a tratar en el pleno del lunes entrante las acciones de inconstitucionalidad en las que se impugna la polémica Ley de Seguridad Interior promulgada el 21 de diciembre pasado por el presidente Enrique Peña Nieto.
El ordenamiento -que ha sido bandera del actual gobierno y exigencia de las Fuerzas Armadas para legitimar su lucha contra la delincuencia organizada, pero que para amplios sectores de la ciudadanía militariza al país y violenta los derechos humanos- consta de 34 artículos y cinco transitorios.
El proyecto de sentencia elaborado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo propone considerar constitucionales 23 de esos artículos, seis fracciones de otro y los primeros párrafos de otros dos; e inconstitucionales siete y cuatro fracciones de otro.
¿Cómo podrían votar los ministros? Si nos atenemos a los criterios mostrados en otras sentencias y a los grupos que se han formado de cara a la próxima sucesión en la presidencia del máximo tribunal, con el proyecto de sentencia del ministro Pardo estarían Luis María Aguilar, Margarita Luna Ramos, Alberto Pérez Dayán y Fernando Franco (5 votos). En contra lo harían Arturo Zaldívar, Norma Lucía Piña Hernández y, muy probablemente, José Ramón Cossío (3 votos). Inclinarán la balanza Eduardo Medina Mora, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Javier Laynez Potisek, los tres que llegaron a la Corte en el gobierno de Peña Nieto. Acaso por eso estarían a favor de la sentencia de marras.
La pregunta de fondo es: ¿seguirá o no la militarización contra la inseguridad? El saldo en violencia y muerte de esa estrategia ha sido, en diez años, de 240 mil muertos y 40 mil desaparecidos. ¿No cree que es suficiente evidencia de su fracaso?
