Es en este contexto, de celebración oficial y de golpe de pecho ante el pasado y con displicencia franca hacia el presente, el 24 de septiembre, cincuenta años más tarde, se reconoció institucionalmente la responsabilidad del Estado y a las víctimas de la matanza estudiantil. El titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) admitió que en este hecho “el Estado usó la represión” y constituyó un “Crimen de Estado que continuó más allá de las detenciones y la tortura”. Asimismo, la dependencia indicó que iniciará un proceso de reparación colectiva, específicamente de memoria y reconocimiento, así como de reparación del daño de forma individual, con el cual el Estado asume su responsabilidad en los hechos del pasado y su compromiso de no repetición.
En el nuevo milenio, el país se inserta en una vorágine de violencia enmarcada en la guerra contra las drogas. En este contexto se identifican esquemas de convivencia y protección entre actores ilegales e instituciones de seguridad, lo cual hace que la violencia de estado sea cualitativamente distinta pues el móvil político se difumina. Las violaciones a los derechos humanos se han traducido en millares de detenciones ilegales, tortura, ejecuciones arbitrarias y un largo etcétera. Sobre este último punto, el informe Justicia Olvidada (WOLA, 2017) muestra que la violencia estatal de la guerra contra las drogas es objeto de displicencia ante los órganos judiciales en la medida en que únicamente se han emitido 16 sentencias condenatorias hacia soldados que cometieron delitos y violaciones a derechos humanos en contra de civiles entre 2012 y 2016, aun cuando existen cerca de 505 carpetas de investigación por hechos violatorios de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas.
En suma, cinco décadas después, octubre de 1968 se constituye como crimen del pasado que permite mirar los crímenes del presente, hilvanados por un elemento común: la impunidad. Un paso adelante es reconocer el carácter de violencia de estado de las masacres de ayer y hoy y reconstruir con las voces de las víctimas la hasta hoy día soterrada memoria; sin embargo, la memoria es importante, pero definitivamente no es suficiente, es necesario establecer compromisos de reparación, tendientes a la verdad y a la justicia.