Defensores ambientales: los nuevos patriotas
Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), abrió el Foro de Defensores Ambientales y Criminalización de la Protesta Social, convocado por el Centro Prodh y Greenpeace y efectuado el día de ayer, al exponer que el caso de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera actualmente está ventilándose ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos CoIDH. Sobre el caso, mencionó que “son protagonistas de un movimiento que dio muchos frutos; se opusieron de manera contundente a la tala de bosques en la sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, Guerrero, con su actividad educativa de consciencia y de difusión, lograron detener las actividades de una empresa del extranjero que actuaba con la complicidad de caciques y autoridades estatales”.
La defensa de Rodolfo y Teodoro va de la mano con la defensa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA). Ante esto, Arriaga subraya que: “No debe olvidarse que su activismo ecológico está vinculado a su condición de campesinos; en México, decir campesino es decir pobre, vulnerado en la propia dignidad, ser despojado de derechos. Los orígenes de esta vulneración se ubican en causas concretas, en decisiones gubernamentales como el abandono del campo en nombre de las políticas que privilegian la migración e importación de alimentos sobre el apoyo a los campesinos para que sean ellos quienes cultiven los alimentos.”
Por último, explicó que el juicio del estado mexicano ante la Corte Interamericana, que concluiría el proceso de los campesinos ecologistas (aunque en México sería el comienzo de una lucha porque realmente se cumpla), es vinculante para el gobierno mexicano. Enfatizó que “No revertirá todas las condiciones que hacen difícil la labor de defensoras y defensores de derechos humanos, pero permitiría construir las bases para garantizar su actividad. Aún sin una sentencia de la Corte Interamericana el Estado mexicano está obligado a garantizar la actividad de quienes defienden y promueven los derechos humanos”, concluyó.
Sobre la criminalización de la protesta social, Salvador Frausto la llamó “un atentado contra la libertad de expresión y contra las libertades civiles”, pero sobre todo, “contra el corazón de la democracia misma”. Indicó que en el caso de Rodolfo y Teodoro se demuestra que “un Estado que pone al Ejército y los policías a perseguir, criminalizar y torturar a 2 defensores de la legalidad, no es otra cosa que un Estado no democrático, y eso se parece mucho a las dictaduras”.
Comenta que “parece un cuento absurdo: 2 personas que luchan contra la ilegalidad, terminan siendo perseguidos y torturados por un Estado que teóricamente tiene que estar defendiendo la legalidad”.
“Estas cosas ya no le caben en el corazón”, expresó la actriz Julieta Egurrola. Mencionó el caso de los niños asesinados Martín y Bryan y los recién liberados presos de Atenco. Compartió sobre la cercanía que ha mantenido con movimientos sociales de lucha por la tierra. “No puedo quedarme en mi casa cruzada de brazos”, señaló al comentar el por qué de su participación en el Foro. Insiste en el exilio de Rodolfo y Teodoro, y lo compara con lo que vivió junto a las familias de Atenco: “El dolor, el desarraigo, la ruptura, la gran injusticia que se vive.”
Por su parte, el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Héctor Magallón, indicó que “este caso exhibe a México como un estado que no es capaz de conservar sus recursos naturales y criminaliza, persigue y reprime a quien intenta defenderlos, siendo uno de los 5 países con más deforestación a nivel mundial; según estudios de INEGI y UNAM perdemos casi medio millón de hectáreas de bosques y selvas cada año, aunque el gobierno diga que va a la baja y la deforestación se acabará”.
A pesar del ataque que hay a la propiedad comunal en nuestro país, Magallón confronta que “casi el 80 por ciento de los bosques y selvas son propiedades comunales indígenas de las que dependen y en las que viven 12 millones de personas”, como lo vemos en el caso de Petatlán.
A quienes defienden sus recursos naturales o se autoreconocen como ecologistas por su labor, se les reprime. Héctor menciona el peligro que corrieron y corren quienes defienden sus recursos naturales, al igual que Rodolfo y Teodoro: Hermenegildo Rivas e Isidro Baldenegro, el caso de Felipe Arriaga, Albertano Peñalosa, Aldo Zamora, entre otros. Para cerrar, reconoció a las “miles de comunidades que están haciendo un buen manejo de sus recursos, y esto les permite conservarlos y aprovecharlos para generar empleos y beneficios para sus habitantes”. Hizo un llamado a las políticas públicas del país porque “esto es lo que deberían estar apoyando, en lugar de campañas publicitarias de reforestación (…) que no ayudan ni resuelven la situación de las personas que viven en estos bosques.”
El marco jurídico mexicano es deficiente en cuanto al reconocimiento de los DESCA; se niega a las comunidades afectadas por megaproyectos derechos elementales como la participación, previa información y la consulta. Las autoridades se empeñan en generar conflictos o en presentar las afectaciones como resultado de conflictos entre particulares. Las luchas de quienes defienden estos derechos se caracterizan por las dificultades para lograr su reconocimiento. A esto se suman otras tácticas empleadas para desacreditar las luchas o para causar división: la judicialización de los conflictos, el uso faccioso del sistema de justicia, la desatención que favorece el empleo de recursos cada vez más fuertes que legitiman la intervención de la fuerza pública, el hostigamiento, la persecución y otras tácticas disuasorias como la militarización de vastas regiones, sobre todo de las más aisladas.