No hay otro tema más urgente. La tragedia de la ausencia se volvió tema principal de la política. Suman más de sesenta mil, según las organizaciones de la sociedad, pero en realidad nadie tiene una cuenta precisa.
6 de cada 10 casos de desaparición en México sucedieron durante la administración de Enrique Peña Nieto y, sin embargo, no hubo de parte suya una sola palabra sincera que haya reconfortado a las víctimas.
El gobierno que se va renunció a mirar de frente la máquina criminal. No tuvo como propósito investigar con rigor y sistema las desapariciones. La impunidad frente a esta miseria solo puede explicarse por la omisión sistemática de la autoridad.
El estado de alteración social provocado por la epidemia de desapariciones es la bomba de tiempo con que Andrés Manuel López Obrador inaugurará su mandato.
No puede prometerse a los padres de los normalistas de Ayotzinapa que en adelante las cosas serán distintas para Guerrero. Si no hay compromiso explícito del próximo gobierno para resolver el caso criminal más emblemático de nuestros tiempos, todo lo demás sobra.
Lo mismo reclaman cada una de las organizaciones de familiares que no van a ceder en su exigencia.
El expediente de los desaparecidos será el que primero se imponga sobre el escritorio del próximo presidente de México. Las enormes expectativas que ha fincado su triunfo electoral encontrarán en este tema su primera prueba de fuego.
ZOOM: Si el modelo establecido por su gobierno para encontrar a los desaparecidos da resultados pronto, si es creíble para las víctimas, si es eficaz, si promueve los derechos y la legalidad constitucional y si es capaz de confrontar a los poderes cómplices o negligentes, Andrés Manuel López Obrador consolidará su victoria. En caso contrario, la frustración implacable de las víctimas descarrilará la esperanza sobre la Cuarta Transformación.