México por fin está hablando de paz. Durante 12 años hablamos el discurso de la guerra y hoy están a debate las palabras ‘olvido’ y ‘perdón’; la aproximación ha sido polémica, los caminos no pintan para ser sencillos, algunas víctimas han levantado la voz y se han sentido ofendidas siquiera con poner en el lenguaje de la pacificación una palabra que sugiera la indulgencia; sin embargo, dicho está y los caminos apuntan para tiempos que deben construir verdad.
Pero hay otros conceptos que han salido a flote en el discurso mediático y gubernamental, aunque en boca de las víctimas ha sido una constante: justicia. Y aunque hay mecanismos de reparación del daño, ninguna falta cometida queda compensada para quien ha sido víctima, que la justicia y la verdad. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Quiénes? ¿Cuándo van a pagar su deuda con el dolor ocasionado? Una exigencia constante que hoy está teniendo eco.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha puesto en estas semanas de transición objetivos palpables para visibilizar la cuarta transformación: la venta del avión del Presidente, la reducción de salarios en la burocracia, no habitar Los Pinos, los propios foros de pacificación, etc.; sin embargo, hace falta un golpe en la mesa sobre la resolución de casos icónicos de violación a derechos humanos en este sexenio, y de ahí vaya que tiene de dónde escoger para poner un ejemplo de que en su gobierno se va a privilegiar la verdad y se dará justicia a las víctimas.
Y aunque ha sido más en boca de la exministra Olga Sánchez Cordero y de Alejandro Encinas que sabemos que los derechos humanos están en la lista de prioridades del gobierno, en México tenemos ejemplos de cómo las palabras –y sobre todo las de los políticos– se las lleva el viento. Hoy hay sobre su mesa una oportunidad de mostrar con hechos que ese eje que hundió al gobierno priista saliente, puede ser una zona de oportunidad para una ‘cuarta transformación’ real.
Se trata del caso Tlatlaya, esta masacre de la noche del 30 de junio de 2014, en la que el Ejército y las autoridades mexiquenses presumieron ‘abatir’ a 22 presuntos criminales, que después se descubrió se trató de ejecuciones extrajudiciales que desnudan el abuso que hay de las instituciones que imparten justicia en contra de personas que, aun habiendo cometido algún delito, debían ser sujetos de un proceso penal y no de un ajusticiamiento.