Respecto al arraigo en este país, Luis González Placencia, Ombudsman de derechos humanos, comentó que «Aún cuando se ha constitucionalizado, lo que pensamos es que debe ser una medida excepcional que debe estar plenamente justificada porque si no se estaría haciendo un uso abusivo de la misma y lo que queremos probar es si efectivamente se está usando de manera adecuada o si se está abusando de ella». La investigación de un posible abuso a la figura del arraigo fue iniciada por la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF) luego de una queja por irregularidades en la detención de personas durante los operativos de la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) contra la trata de personas.
Expresó además que se analizan las condiciones en las que los probables responsables son arraigados, así como si los jueces respetan los criterios para otorgar la medida. Aseguró que pese a que las quejas que recibe la CDHDF están relacionadas con las detenciones y no con el arraigo, las cifras de arraigos concedidos es motivo de alarma para el organismo local.
Elena Lugo, directora de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), justificó que «No queda a criterio del juez, sino llega la Procuraduría y te dice quiero el arraigo, te marca el Código ciertos requisitos y si los cumples el juez te los otorga, pero es una cuestión meramente jurisdiccional. Señaló además que el órgano judicial ya realiza un estudio sobre el tema a fin de colaborar con la CDHDF y aseguró que el área a su cargo solicitó a los jueces un informe sobre los criterios para conceder arraigos.