Lo de Ixtapilla fue un crimen de estado, lo aceptó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Gobierno del Estado de Michoacán, es el primer delito extrajudicial admitido por el Estado, declaró Raymundo Ortíz Martín del Campo, abogado del caso en la comunidad nahua.
Aunque las instituciones señaladas aceptan el delito, esa fue su respuesta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y a través de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas ya se están haciendo los procedimientos para avanzar en el tema de indemnizaciones y responsabilidades, pero no hay culpables directos, los elementos del Ejército Mexicano que participaron en el atentado repentinamente causaron baja voluntaria y no hay culpables.
“A la PGR se le recomendó perseguir el caso hasta el final, que busque a los soldados que cometieron el asesinado del niño Hidilberto Reyes y lesionaron con arma de fuego a otras 11 personas, pero más allá de las indemnizaciones, se quiere ocultar el Delito de Estado, la PGR tiene congeladas las investigaciones previas para dar con los castrenses que son responsables directos, a pesar de que hay pruebas suficientes, dicen que falta una reconstrucción de hechos, tenemos año y medio esperando la reconstrucción de hechos”, evidenció Raymundo Ortíz.
Otra de las cosas que denota impunidad, es que de acuerdo a la investigación, la mayoría de las armas que regresaron fueron asignadas a soldados que se dieron de baja inmediatamente después de este atentado, pero sabemos que en este proceso los soldados tardan de seis meses a un año para que les concedan su baja, en este caso fue sorprendente por la rapidez con la que las concedieron, en dos semanas, el Ejército está encubriendo a esos soldados, nos proporcionaron domicilios de cuando se dieron de alta, pero ya no aparecen allí y no están enrolados, no sabemos nada de los expoliados.
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