Hace unos días, un Tribunal Colegiado de Circuito de Reynosa, Tamaulipas, emitió una sentencia que ha generado muchísimos comentarios en los medios de comunicación y diversas reacciones políticas. Se trata del pronunciamiento que resuelve varios juicios de amparo promovidos por personas imputadas en el caso de la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero.
En general, los análisis de la sentencia han sido bastante críticos (con las notables excepciones de los brillantes artículos de Hugo A. Concha Cantú y de Carlos Pérez Vázquez, en estas mismas páginas de EL UNIVERSAL), ya que se piensa que los magistrados fueron más allá de sus atribuciones al ordenar la creación de una Comisión de la Verdad y la Justicia, la cual tendrá que estar integrada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República y los familiares de los 43 desaparecidos.
Mi lectura de la sentencia es distinta a la de sus críticos. Se trata no solamente de una sentencia histórica, sino de una prodigiosa construcción jurídica. La argumentación de la sentencia es muy sólida y deberá ser objeto, en el futuro, de un minucioso análisis de los especialistas. Pero por lo que interesa a los amables lectores de esta columna, que quizá tengan intereses que van más allá de los temas estrictamente jurídicos, lo cierto es que la sentencia desnuda a la procuración y administración de justicia en el país.