La posible liberación de cuatro de los presuntos responsables de los crímenes contra los normalistas de Ayotzinapa, perpetrados el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, es responsabilidad única de los errores y el ineficaz procedimiento de la Procuraduría General de la República (PGR) en las investigaciones, señalaron los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos.
Enfatizaron que la libertad bajo reservas que dictó un juez federal, con sede en Tamaulipas, en favor de estas cuatro personas –a quienes se señala como miembros del cártel Guerreros Unidos– es un hecho que nos lastima profundamente
. Rechazaron que esto sea consecuencia de la lucha que han emprendido desde hace tres años y ocho meses, ni del trabajo de sus abogados o de organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos e instancias internacionales.
Las familias de los normalistas difundieron ayer en redes sociales un posicionamiento ante la resolución del juez federal que invalidó las declaraciones de estos cuatro inculpados, al considerar que hay indicios de que la confesiones se obtuvieron de manera ilícita y que el resto de las pruebas no fueron suficientes para sustentar el auto de formal prisión por delincuencia organizada y secuestro, con lo que al menos Luis Alberto José Gaspar, El Tongo, saldría de prisión, pero no los otros tres, pues pesan sobre ellos más acusaciones.
No sabemos si estas liberaciones se seguirán dando en el futuro, pero nos queda claro que si esto está pasando es debido al mal trabajo que ha realizado la PGR, que no se ha ocupado en hacer una investigación de inteligencia profunda para conseguir las pruebas necesarias, llegue a donde llegue, y ha preferido construir su teoría basada en supuestas confesiones
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