La decisión de los magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Juan Antonio Trejo Espinoza y Héctor Gálvez Tánchez, es claro ejemplo del trabajo que desarrolla un sector del Poder Judicial de la Federación que desde su interior viene impulsando un derecho garantista al servicio de los justiciables.
Es claro que la sentencia cimbrará desde sus cimientos al actual sistema de administración de justicia, y fortalecerá a ese grupo cada vez mayor de jueces y magistrados comprometidos con su labor jurisdiccional.
Aunque existirá resistencia de la Procuraduría General de la República que persiste en reafirmar su “verdad histórica” y más de un abogado letrista se desagarrará las vestiduras, señalando la invasión de facultades, el impulso que recibirá la resolución por parte de las víctimas y de un sector de la sociedad civil, indefectiblemente llevará a las autoridades a cumplir el mandato judicial.
El reto principal será operativizar la decisión judicial, algo que puede favorecer ese objetivo, es la alta probabilidad que un nuevo gobierno sin pactos con el pasado y con los grupos de poder institucionales y fácticos, asuma el compromiso y la voluntad de cumplir cabalmente con la sentencia.