¿Estamos con los afectados por la tragedia o en contra de ellos? ¿Queremos o no un Estado de Derecho? ¿Firmamos tratados internacionales para respetarlos o para ignorarlos?
Hago estas preguntas porque después de conocer las críticas a la innovadora sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito sobre lo sucedido en Iguala, el 26 y 27 de septiembre de 2014, parece que varios desprecian el control de convencionalidad, el principio pro persona, la presunción de inocencia, el acceso a la verdad, etcétera.
Es cierto, esta sentencia se va «hasta la cocina». Faltan definiciones. Hay que aterrizar los cómos. Es polémica. Pero también, de avanzada.
Como era de esperarse, la Procuraduría General de la República -la misma encargada de Odebrecht, Pegasus, Estafa Maestra, Empresas Fantasma- condenó la resolución.
¿El Poder Judicial invade la esfera del Poder Ejecutivo? No creo. Pero si eso fuera, que lo decida la Corte.
¿Van a salir libres los acusados? No. No, por lo pronto. Sólo se mandata la reposición del proceso. Ahora bien, si fueron torturados no sabremos si confesaron por ser los culpables o por no soportar más el dolor infligido.
¿La hipótesis del basurero de Cocula es la única y la más sólida? Precisamente lo que se ha señalado es que la gestión de Peña Nieto se centró en una línea y dejó cabos sueltos que deberían considerarse para otras pesquisas.
¿Las madres y los padres de los normalistas de Ayotzinapa sólo quieren dañar al Ejecutivo federal? Solito se ha dado a conocer y desplomado. No necesita ayuda. Las personas que buscan a sus hijos lo que anhelan es encontrarlos. Punto.
Es hora de dejar de justificar la tortura, de criminalizar a los muertos y desaparecidos, de difamar a los defensores de Derechos Humanos y a las ONG.
Mejor exijamos una fiscalía autónoma que realmente procure justicia. No una que se exculpe a sí misma y actúe por consigna.
*Lea el artículo completo en El Universal