Ante la falta de garantías para acceder a la justicia en México, Valentina acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que determinó remitir su caso (y el de Inés) ante la Corte Interamericana. Finalmente, en agosto de 2010, la corte emitió una sentencia en contra del Estado mexicano en la que señaló que había quedado plenamente probado que había sido víctima de graves violaciones de derechos humanos –incluida tortura sexual– en un contexto marcado por la pobreza, la discriminación y lo que el tribunal denominó violencia institucional castrense
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Como parte de una de las medidas de reparación del daño de esta resolución, la corte determinó que el proceso contra los responsables fuera llevado ante los tribunales civiles y no ante la justicia militar. Ahora, a 16 años de la agresión contra Valentina, está a punto de emitirse una sentencia por la vía civil contra los perpetradores del crimen. Una sentencia que debe ser condenatoria para lograr la justicia que por tantos años ha luchado. Una sentencia que evidencia el enorme daño que a la región y a la sociedad mexicana le ha provocado la militarización. Una sentencia que debe evitar que barbaridades así se sigan cometiendo.
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