Del otro lado de este juego está el dolor de las víctimas. Su tranquilidad radica en encontrar una uña, un diente, un cabello de su hijo, de su hija, en saber qué pasó. En este luto está no sólo el actual gobierno, sino también el sexenio de Felipe Calderón, cuyo ofrecimiento de perdón a las víctimas en 2011, en el alcázar del Castillo de Chapultepec, no frenó la ola de 200 mil asesinatos que ha consumido a México en los últimos 12 años.
Pero no sólo las víctimas de la violencia, dentro y fuera del Estado, necesitan saber la verdad. En la Ciudad de México, los damnificados de la corrupción que tiró edificios enteros durante el 19S también piden una Comisión de la Verdad. No quieren dinero en monumentos que les recuerde que los edificios donde murieron los suyos no habían sido revisados, no contaban con dictámenes de protección civil o con planes de evacuación seguros y recientes.
Las víctimas están agrupadas en organizaciones que han debido encontrar las causas y las explicaciones por su cuenta. El gobierno ha estado más ocupado en hacer campaña. Como en la Ciudad de México pasa igualmente en Oaxaca, donde a muchos no les ha llegado el dinero de la reconstrucción o dictámenes reales del estado del subsuelo sobre el cual están alzando sus nuevas casas. Pasa en Jojutla, donde los damnificados necesitan donaciones básicas; pasa en Puebla, ese rincón de la tragedia que casi ni está en la prensa.
México se prepara para un cambio de partido gobernante, a juzgar por las encuestas. El voto de castigo tiene un nombre central: corrupción. Por eso es que resulta tan relevante en este momento preguntar en serio qué es y a dónde piensan llegar con una Comisión de la Verdad.
No puede ser un accesorio de campaña. Que no lo sea.
*Lea el artículo en El Heraldo de México