Al cumplirse 12 años del brutal operativo policial en San Salvador Atenco, Estado de México, el panorama de justicia y verdad es distinto y promisorio solo gracias a la tenacidad y claridad de las once mujeres que decidieron elevar hasta la máxima instancia interamericana de derechos humanos el caso de torturas sexuales cometida en su contra.
En las próximas semanas debería darse a conocer la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso. Las mujeres -que representan a miles de víctimas y dan cuenta de los grandes problemas estructurales del Estado, como el uso excesivo de la fuerza policial, la violencia contra las mujeres, la tortura como mecanismo de control y la impunidad que permite su repetición crónica- tienen esperanza en lo que puede significar la decisión del organismo.
La tortura física, sexual y sicológica que vivieron los días 3 y 4 de mayo de 2006 dejó marcas que aún enfrentan y se encuentra en una escandalosa impunidad. Frente a la Corte IDH, el Estado se vio orillado a reconocer que, aunque ha ejercido acción penal contra alrededor de 52 personas, a más de 10 años de los hechos no hay ninguna condenada. Así, el reconocimiento de la verdad y las medidas dirigidas a acabar con la impunidad en este caso serán el inicio de un camino reparador para las mujeres que vieron definitivamente truncado su proyecto de vida a causa de las graves violaciones a derechos humanos que padecierony de la revictimización y criminalización agregadas por las acciones posteriores de las autoridades.
Es de esperarse que la Corte IDH ordene al Estado realizar una investigación seria, que incluya todos los hechos y considere su gravedad, así como todos los niveles de responsabilidad, sin descartar pruebas y líneas de investigación relevantes. En el caso de que el Estado mexicano acatara las posibles medidas que dicte la Corte, veríamos la adopción de políticas y mecanismos transparentes para regular el uso de la fuerza policial y erradicar la tortura sexual como práctica extendida, además de medidas de no repetición.
El camino puede ser largo todavía. El Estado no ha mostrado disposición a acatar verdaderamente lo ordenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –de hecho, ésa es la razón por la cual los casos son admitidos por la Corte. Sin embargo, los pasos dados hacen una diferencia cualitativa.
Mientras la audiencia pública ante la Corte IDH representó para estas once mujeres un hito en su lucha por la verdad, la sentencia comenzaría a reparar las vidas rotas de quienes, habiendo sufrido las peores vejaciones, optaron por romper el silencio y ayudar a mujeres en su misma situación.
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