Hace unos días, el diario Reforma publicó que la Procuraduría General de la República (PGR) recibió información de las autoridades judiciales estadunidenses, relativa al caso Ayotzinapa. En el marco de una investigación por el trasiego de drogas desde el estado de Guerrero hacia Estados Unidos, concretamente se trata de mensajes interceptados que sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre se habrían intercambiado presuntos mandos de la organización Guerreros Unidos.
Basándose en que el presunto motivo del ataque habría sido que los perpetradores confundieron a los estudiantes con integrantes de un cártel rival, a partir de la publicación de la nota, se ha pretendido hacer una interpretación forzada en el sentido de que la información confirmaría la verdad histórica
. Sin embargo, se dejan de lado aspectos fundamentales que desmienten la teoría oficial y han sido reiteradamente señalados como decisivos por las familias de los 43 muchachos y sus representantes legales. A saber: la implicación de funcionarios de distintos niveles de gobierno, y el hecho de que los estudiantes estarían vivos para cuando la imposible teoría oficial los daba por incinerados junto con sus pertenencias.
Los mensajes dejan ver también que los estudiantes no estaban infiltrados
por un cártel, como en distintos momentos se ha aventurado desde la parte oficial, y que los integrantes de Guerreros Unidos lo supieron muy pronto. Este cúmulo de información que obraba en poder de las autoridades estadunidenses desde 2014, más otras diligencias que todavía no se agotan, confirman no sólo que el GIEI tenía razón en pedir que se investigaran exhaustivamente estos indicios que la PGR no había querido ver. Nos recuerdan también que han pasado ya 43 meses, y que las autoridades responsables no han logrado esclarecer con pruebas firmes lo ocurrido aquella noche, ni el destino de los normalistas.
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