- En el marco de la suscripción de un convenio con la Defensoría de Pueblo de Perú, el representante de la CNDH habló sobre los derechos humanos en México y las resoluciones del gobierno federal ante el crimen organizado.
En la pasada visita de trabajo a Lima, con el fin de suscribir un convenio con la Defensoría del Pueblo de Perú, el ombudsman Raúl Plascencia comentó que las recomendaciones hechas por este organismo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han tenido buena aceptación, de acuerdo a lo que señala un reciente comunicado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Al tiempo de resaltar el aumento de 300 por ciento en las quejas por violaciones a derechos humanos cometidas por militares, comentó que en este país por una condición de emergencia y ante la falta de instituciones policiales sólidas, es el Ejército quien ha tomado las funciones, mismas que no le corresponden. Puntualizó que confía en que la autoridad civil y las policías puedan volver a hacerse cargo de sus funciones para que se garantice la seguridad en México.
Plascencia reconoce la estrategia del gobierno federal para combatir al crimen organizado, pero se pronuncia a favor de que las autoridades civiles realicen un balance y determinen si es conveniente continuar con esta estrategia, o bien, debe modificarse, para evitar que la sociedad resulte vulnerada, y sin que ello implique una merma en el combate a la delincuencia. Hizo hincapié en que es incorrecto violar derechos humanos so pretexto de terminar con el crimen organizado y que las autoridades deben ser las primeras responsables en respetar la ley y no combatir la delincuencia actuando como delincuentes.
Sobre las recomendaciones emitidas por la CNDH dirigidas a la Sedena, rescata que Guillermo Galván, general secretario de las fuerzas armadas, ha tenido gran sensibilidad, y esto se refleja en 2 áreas especializadas creadas para atender asuntos en materia de violaciones y promoción de derechos humanos, así como para fomentar entre los militares una cultura de respeto a las garantías fundamentales.