Desde que se fueron de México los expertos internacionales del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa, quedó abierta la exigencia de que la PGR iniciara líneas de investigación sobre la conexión entre el tráfico internacional de drogas, la colusión con autoridades mexicanas y lo sucedido con los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa en Iguala en septiembre de 2014. La PGR hizo oídos sordos y mantuvo la cada vez más insostenible «verdad histórica».
«Reforma» dio a conocer, en un reportaje de Roberto Zamarripa, información trascendental del caso Ayotzinapa. Revela la intensa comunicación sostenida, desde Chicago, entre jefes criminales del grupo «Guerreros Unidos» y sus operadores en Guerrero durante las horas en que ocurrían los hechos en Iguala y en los días subsecuentes. Son los mensajes intervenidos a 11 teléfonos entre fines de 2013 y octubre de 2014.
La inacción de la PGR sobre esta línea siempre resultó sospechosa. Con las revelaciones de ayer, se vuelve escandalosa, Hay que decirlo sin rodeos: la actuación de la PGR sobre el caso Ayotzinapa raya en los linderos de lo criminal.
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