El martes 3 de abril se produjo una “coincidencia” que ilustra las ramificaciones que nutren la crisis de seguridad del país, así como el papel de las autoridades en ésta.
La primera fue el anuncio del secretario de Gobernación, en el que informaba que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNB) se instalaría bajo la autoridad directa de la Comisión Nacional de Seguridad, contraviniendo lo que dice la ley.
La segunda noticia fue que se detuvieron a otros dos exfuncionarios de seguridad del estado de Veracruz: el exdirector general de Servicios Periciales y la exdelegada regional de la Policía Ministerial de Zona Centro Xalapa. Ambos habían sido nombrados por el que era fiscal durante el gobierno de Javier Duarte, ahora encarcelado. Los exfuncionarios fueron detenidos por presunta responsabilidad en el ocultamiento y alteración del hallazgo de 13 cuerpos en enero de 2016.
Frente a un panorama tan dramático, podríamos haber imaginado –ingenuamente– que la crisis de las desapariciones en México iba a generar una respuesta seria y comprometida por parte del gobierno saliente, así como de la administración estatal de Veracruz. No podíamos estar más equivocados.
Las desapariciones en México, que involucran tanto a grupos criminales como a autoridades públicas, deberán de estar en el corazón de la estrategia contra la impunidad de la próxima administración. Lamentablemente, no se le ha escuchado a ninguno de los candidatos una definición al respecto. Para ellos el tema no existe.
En este caso preciso, el gobierno federal deberá primero garantizar la independencia de la CNB y otorgarle el estatuto previsto en el texto –ya de por sí imperfecto– de la Ley de Desaparición Forzada, así como asumir la tarea de implementar una política ambiciosa dotada con los recursos presupuestales necesarios para su pleno funcionamiento.
Estos pasos no solamente son indispensables. Son el mínimo de decencia que se le puede pedir al gobierno (los gobiernos) frente a semejante tragedia.
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