La ola de desapariciones en nuestro país es de una magnitud sin precedentes y ha sido calificada por Human Rights Watch como “la crisis más profunda en materia de desapariciones forzadas que se haya producido en América Latina en las últimas décadas”. Esta situación ha encontrado caldo de cultivo en el contexto de descomposición social e institucional generado por la penetración de la delincuencia organizada y produce un panorama desolador: a la angustia de los familiares de no saber lo que sucedió, se suma la frustración de ver que las autoridades encargadas de investigar no adoptan las medidas oportunas y exhaustivas para encontrar a las víctimas, sino que lejos de ello, las criminalizan y restan importancia a los hechos.
Como suele suceder tratándose de violaciones de derechos humanos, las víctimas son principalmente personas de escasos recursos y por ello, a pesar de lo alarmante de las cifras, el problema tiende a invisibilizarse, a normalizarse bajo la etiqueta de los ajustes de cuentas entre grupos criminales.
Por ello, es urgente que como sociedad reconozcamos la magnitud de las circunstancias. Debe ser una prioridad nacional la implementación de una estrategia integral que permita acabar con los patrones de inacción y negligencia, establecer los protocolos de búsqueda e investigación aplicables a las desapariciones, y empezar a determinar, caso por caso, la suerte o el paradero de las personas que han sido víctimas de este delito, juzgar a los responsables y garantizar el derecho a la verdad y a la reparación. Es momento de decir basta. México no puede seguir siendo un país de desaparecidos. No puede convertirse en un país sin esperanza.
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