El gasoducto debía comenzar a operar en enero de 2018, sin embargo, después de acalorados debates y del trámite de los recursos respectivos, las comunidades de Cuautepec y San Pablito, en la Sierra Norte, lograron a finales del año pasado que los jueces segundo y tercero de distrito en Puebla ordenaran la suspensión definitiva de la obra, así como de la vigencia de la autorización de impacto ambiental y la evaluación de impacto social. Igualmente, ordenaron la suspensión de los procedimientos de consulta previa irregulares, por lo que la obra no podrá ser concluida al menos hasta que haya cosa juzgada. Asimismo, las comunidades de San Antonio El Grande, San Nicolás, Chila de Juárez, Montellano, Zoyatla, Ahuacatitla, Tlalcruz de Libres, Cuauneutla, Cruzanta, San Andrés y Tlacuilotepec han logrado el reconocimiento judicial de sus autoridades tradicionales, punto de partida de la estrategia jurídica para la defensa de sus territorios.