Al menos desde 1917, México apostó por la construcción de un estado democrático de derecho. El principio de la separación de los Poderes y la garantía de los derechos de las personas quedaron plasmados en el texto constitucional vigente hasta la fecha.
Sin embargo, es posible sostener que desde 2008 esa apuesta por la construcción institucional ha evolucionado de manera esquizofrénica. Esto es así porque, a la par de la creación de instituciones propias de un estado democrático, se han creado otras propias de un estado autoritario.
En esta vertiente hacia un estado de derecho autoritario se engarza la Ley de Seguridad Interior, promulgada y publicada en diciembre pasado. Así que lo que decidirán los ministros y ministras de la SCJN tendrá múltiples consecuencias para el futuro de México. No se trata de una cuestión técnica, sino de una definición estructural sobre el tipo de estado de derecho que tendremos.