La Ley Seguridad Interior (LSI) se aprobó sin que se atendiera ninguno de los argumentos puntuales sobre la inconstitucionalidad de varios de sus artículos, ni sobre las implicaciones antidemocráticas, de violación a derechos humanos y de opacidad que puede acarrear su implementación. Acusando a detractores de no haber ni leído la ley, los que la apoyaron obviaron múltiples cláusulas que contradicen la Carta Magna.
Llegó el momento de que las instituciones de Estado que pueden alzar la voz para señalar la inconstitucionalidad de esta ley lo hagan formalmente frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo pronto, los siete comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales han coincidido en que la LSI viola la Constitución en rubros que son prioritarios para la rendición de cuentas y la protección de datos personales.
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