Desde que en 2003 comenzó la resistencia a La Parota, las autoridades gubernamentales organizaron y financiaron grupos en favor del proyecto ligados al PRI, algunos armados. Echaron mano de ellos para legitimar la agresión de la fuerza pública en Cacahuatepec. Fue así como, horas antes de la llegada de la fuerza pública a La Concepción, los priístas, encabezados por el comisario Alejandro Melchor, habían emboscado a varios comunitarios que perseguían un joven que se había orinado frente a su comisaría. Once muertos dejaron las dos agresiones de Cacahuatepec.
La oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó los hechos y constató que hay elementos para afirmar que las fuerzas de seguridad estatal vulneraron las garantías fundamentales de los pobladores.
Hoy pareciera que, tal como hizo en 2006 con Atenco, el gobierno quiere aprovechar la campaña electoral para cercar a la Cecop, criminalizar a sus dirigentes y emprender una guerra para imponer, a sangre y fuego, el proyecto hidroeléctrico. No se debe permitir.
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