Desde la perspectiva de los derechos humanos, el año que terminó es memorable, con una mezcla de buenas y malas noticias. Después de dos años de trabajo se aprobaran dos leyes generales con potencial transformador: la de tortura y la de desapariciones. No sólo el resultado, sino también el proceso legislativo fue casi ejemplar, con una participación activa de los titulares de derechos.
El punto más bajo de 2017 fue la aprobación de la Ley de Seguridad Interior (LSI) por el Poder Legislativo. El resultado es decepcionante, porque esa Ley petrifica la política de seguridad actual que en 11 años logró llevar a México del nivel más bajo de violencia al más alto, sin abrir la discusión a las alternativas.
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