*Seis mandatos del Consejo de Naciones Unidas, expresaron su preocupación por la Ley de Seguridad Interior, así como la precipitada discusión en el Congreso
Ciudad de México, 14 de diciembre de 2017. Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hicieron un llamado al pleno del Senado para no aprobar la Ley de Seguridad Interior debido a que, lejos de regular la actuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad y limitar su papel a la asistencia y auxilio, les da un protagonismo que derivaría en violaciones a los derechos humanos.
Afirmaron, por medio de un comunicado enviado desde Ginebra, que la minuta que se discute en el Congreso mexicano «no prevé que las actividades de inteligencia se realicen con la debida supervisión civil y judicial, y, al categorizar toda la información resultante de la aplicación de la ley como de Seguridad Nacional, la excluye de las leyes de transparencia apartándola del escrutinio público».
Asimismo, los Grupos de Trabajo y Relatores de la ONU expresaron su preocupación porque no se contempla la supervisión civil y judicial del actuar de los efectivos en las calles, por lo que la falta de mecanismo de control y rendición de cuentas podría provocar -nuevamente- graves violaciones a los derechos humanos.
En este sentido, reiteraron que el dictamen contiene términos ambiguos que podrían suponen un riesgo para los derechos humanos, como el de la protesta social, pues las definiciones que en él se presentan podrían ser indiscriminadamente aplicados por ser considerados en cualquier momento si se considera «necesaria» la intervención de las Fuerzas Armadas.
Conscientes del contexto actual del país, así como de las necesidades en materia de seguridad, para las Naciones Unidas “resulta muy alarmante que una iniciativa legislativa de tal envergadura, con un impacto potencial tan profundo en los derechos humanos, se lleve a cabo de una manera precipitada y sin la participación adecuada de víctimas de violaciones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos de derechos humanos y organismos internacionales», por lo que insistieron en que el proyecto de ley no debe ser aprobado.
El escrito fue signado por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; el Sr. Joe Cannataci, Relator Especial sobre el derecho a la privacidad; el Sr. Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; la Sra. Agnès Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; el Sr. Pablo de Greiff, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; y el Sr. David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.
Cabe recordar que ayer, las Comisiones Unidas de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República aprobaron en lo general el dictamen, por lo que hoy será discutido en el pleno alrededor de las 11:30 de la mañana.
Además de la ONU, diversas voces se han pronunciado en contra de la minuta y que piden abrir el debate a la ciudadanía y expertos; entre ellas destacan la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el colectivo #SeguridadSinGuerra, integrado por organizaciones de la sociedad civil y expertos en justicia, seguridad y derechos humanos; además de instituciones académicas como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Iberoamericana y comisiones estatales de Derechos Humanos, como la de la Ciudad y el Estado de México, CDHDF y Codhem, respectivamente.