*Advierte Artículo 19 que la propuesta fomenta la opacidad
Ciudad de México, 07 de diciembre de 2017. La Ley de Seguridad Interior, tal como se debate en el Congreso, tampoco le da al Ejército la certeza que pide, advirtieron a senadores organismos como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En las oficinas de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, los organismos explicaron sus preocupaciones a los senadores que dictaminarán la propuesta aprobada por la Cámara de Diputados. Jan Jarab, representante en México de la ONU-DH, señaló que no se puede aceptar la idea de que el paradigma militar que inició sin apego en la ley necesita legalizarse precisamente por su falta de éxito. Alan García, oficial de la ONU-DH, explico los 14 puntos de la ley que le preocupan al organismo los cuales fueron señalados mediante una carta el lunes pasado.
«La ley, en los términos en la que está formulada, no contribuye a dar esa certidumbre jurídica que buscan las Fuerzas Armadas en su participación para contener la violencia y la inseguridad», expresó Guillermo Silva, asesor del Ombudsman Luis Raúl González Pérez.
Mientras tanto, Amnistía Internacional advirtió que la ley de seguridad interior, en los términos que se plantea aprobar, institucionalizaría uno de los problemas más graves que ha llevado a México a una de las peores crisis de derechos humanos.
El organismo entregará este jueves un documento dirigido al presidente de la mesa directiva del Senado, Ernesto Cordero, y a los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la misma cámara, en el que, en cinco puntos, expone por qué esta ley vulneraría las garantías fundamentales de la ciudadanía.
Artículo 19 alertó que la aprobación de la ley repercutiría en la libertad de expresión y el acceso a la información, violando así los derechos humanos. La organización explicó que el artículo 9 de la propuesta establece que la información que se genere con motivo de la aplicación de la Ley será considerada de Seguridad Nacional, es decir, toda la información que surja de las actividades de las autoridades en sus funciones de seguridad interior sería considera de antemano como reservada.
En la reunión en la Jucopo, Santiago Aguirre, subdirector del Centro Prodh, señaló que las críticas a la ley no son una posición ideológica, ni ignorancia del dictamen, ni denostación per se de las Fuerzas Armadas. «Si prestan oídos a las preocupaciones, no de ONGs, sino de órganos de Estado como la CNDH, la UNAM a través del director de Jurídicas, de la Coparmex, de la Comisión Interamericana (de Derechos Humanos) podrían ustedes prestar oídos a razones que tienen fundamento», pidió.
*Con información de La Jornada y Reforma