No hay cifras que prueben que el uso de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado haya reducido la violencia, garantizado la seguridad o mejorado la aplicación de la ley.
Las cifras son contundentes en el sentido contrario: la violencia se disparó desde que las fuerzas armadas fueron traídas al combate contra el crimen.
La inseguridad ha crecido, lo mismo que las quejas contra las fuerzas armadas por violación de derechos humanos.
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