El dictamen de la ley de Seguridad Interior que será discutido en la Cámara Alta, en vez de entregarle certidumbre jurídica a la actuación militar en la lucha contra el crimen organizado, normaliza el autoritarismo en el país.La iniciativa aprobada el jueves tiene como principal deficiencia que no traza fronteras claras entre la seguridad pública, la interior y la nacional. Peor aún, una lectura sistemática de ese texto lleva a concluir que las Fuerzas Armadas pueden asumir como nacional cualquier tipo de seguridad, y por tanto intervenir sin freno ni contrapeso en ámbitos que no son constitucionalmente de su competencia.
Sin embargo, al extender la definición de seguridad nacional hacia cualquier ámbito de la seguridad (pública e interior) -es decir, al devorarse la primera definición a las otras dos- se abre la peligrosa puerta de incrementar al infinito la presencia de militares en aquellos ámbitos que, en cualquier democracia, han de ser gobernados por la autoridad civil.
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