La principal justificación dada por los defensores de esta ley en sus distintas versiones es que debemos regular lo que actualmente sucede sin estar normado, es decir, la participación de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública. Efectivamente, la falta de compromiso y capacidad a nivel local, aunada a la ausencia de estrategias integrales para combatir el crimen, han dado como resultado la presencia militar en 24 de 32 estados en nuestro país.Sin embargo, el aumento, la dispersión del crimen y la participación cada vez mayor de jóvenes y niños en actividades ilícitas, exigen una comprensión e implementación holística del tema. Llevamos más de una década subrayando la necesidad de contar con autoridades locales confiables y efectivas. Desde la Federación, se han destinado más de 130 mil millones de pesos para la capacitación y mejora de policías a nivel estatal y municipal y pocos son los resultados obtenidos.
Pasar la Ley de Seguridad Interior sin considerar otras leyes y políticas significa seguir postergando la tarea más importante, que es contar con autoridades civiles capaces a nivel local.
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