*Lo que se requiere es fortalecer a las policías y al Poder Judicial.
Ciudad de México, 27 de noviembre de 2017. Ante el anuncio de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados buscan aprobar de inmediato una Ley de Seguridad Interior, decenas de organizaciones civiles se opusieron categóricamente a la iniciativa y advirtieron que seguir dependiendo de las Fuerzas Armadas no va a fortalecer a las instituciones de seguridad pública; coadyuvará al desgaste del Ejército y la Marina; perpetuará la grave crisis institucional y sólo contribuirá a que la Federación y los estados sigan incumpliendo con sus obligaciones, al tener el recurso de echar mano de los militares.
Las organizaciones de la sociedad civil, académicos y defensoras de derechos humanos señalaron que esta iniciativa es precipitada, no se encuentra disponible de manera pública y se enmarca en el contexto electoral, pues los partidos políticos buscan el apoyo del Ejército. Advirtieron que es irresponsable que se use el miedo para legislar una ley que no resuelve la seguridad, además de que cuenta con severos problemas de inconstitucionalidad.
Entre los problemas detectados en la iniciativa presentada se encuentran que el legislativo no tiene competencia para legislar en la materia; que se normaliza el estado de excepción y permite, por ejemplo, que sin controles judiciales el Ejército espíe comunicaciones. Además, señalaron,no se aplican las reglas del uso de la fuerza en tiempos de paz, se niega el acceso a la justicia a las víctimas que quieran reclamar procedimientos del Ejército y se busca diluir sus responsabilidades a pesar de que se le permita incidir en decisiones del Poder Ejecutivo.
El colectivo #SeguridadSinGuerra llamó a las autoridades y legisladores a cumplir con el retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las labores de seguridad pública de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y de la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU). Las y los expertos llamaron a que la adopción de medidas excepcionales sea sólo a partir de los mecanismos ya previstos, como el artículo 29 constitucional.
Las organizaciones reiteraron que es fundamental un plan de fortalecimiento de las policías en todos los niveles de gobierno, legislar sobre el uso de la fuerza, reformar también las procuradurías, fortalecer al Poder Judicial y atender la crisis penitenciaria.