A escondidas, a oscuras, de manera velada y veloz un manojo de diputados y senadores del PRI, el PVEM y los #Rebeldes del PAN prepara el equivalente a un golpe militar. Con propuestas negociadas y avaladas por los altos mandos de las Fuerzas Armadas, un grupo de legisladores allana el camino para algo que México nunca vivió ni quiso. Una Ley de Seguridad Interior que pretende inaugurar un escenario inédito. Un escenario peligroso. El predominio del poder militar por encima del poder civil. El general Cienfuegos con más fuerza para hacer y aprobar leyes que el propio Presidente. El Ejército exigiendo y el Congreso acatando. Ante la violencia desbordada, demasiados piensan que no hay más remedio que continuar por la ruta armada. Y están dispuestos a violar la Constitución, ignorar la evidencia, desechar los tratados internacionales y violar derechos fundamentales para darle a las Fuerzas Armadas lo que quieren.
No importa que una década de guerra fútil contra las drogas haya producido sólo más muertos, más crimen, más sangre en el suelo. No importa que múltiples estudios académicos publicados subrayan la causalidad entre la salida del Ejército a las calles y el incremento en la violencia. No importa el incremento en los «índices de letalidad» que contabilizan la brutal desproporción entre muertes civiles y muertes militares en cada confrontación. No importa que Enrique Peña Nieto tan solo haya emulado la estrategia de seguridad de Felipe Calderón con los mismos malos resultados. No importa que ya hay más de 50 mil militares desplegados en la tarea de «reducción de la violencia» y ésta no cesa. En la elaboración y votación de la Ley de Seguridad Interior solo importa una cosa: hacer lo que las Fuerzas Armadas pidan porque se avecinan tiempos electorales y todos -partidos y candidatos- quieren a los soldados de su lado. El Ejército propone y el Congreso dispone. A la orden.
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