*Señalan que también se debe reformar el artículo 102 constitucional.
Ciudad de México, a 16 de noviembre de 2017. Tras la promulgación hoy de la Ley General sobre Desaparición Forzada de Personas y de Desaparición cometida por particulares, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México reconoció que es una herramienta que puede hacerle frente a la impunidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos pero advirtió que es solo el comienzo y que estarán observando, proponiendo y trabajando en la implementación de la ley.
Las organizaciones que conforman el movimiento llamaron al Estado mexicano a construir una agenda de trabajo que permita la pronta implementación de la ley y a que se garantice el acompañamiento de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
Las familias del movimiento exigieron que la ruta de trabajo de la implementación priorice siente puntos: 1) la creación y consolidación de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y comisiones locales; 2) La constitución de los órganos de participación; 3) la creación de las nuevas fiscalías especializadas y fortalecimiento de servicios forenses, incluyendo una reforma integral al artículo 102 constitucional, tal como lo ha propuesto el colectivo #FiscalíaqueSirva; 4) la creación de plataformas tecnológicas y protocolos; 5) garantizar los derechos de las víctimas y declaración especial de ausencia por desaparición: 6) que se reconozcan las competencias del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas y 7) Que los Estados se comprometan a implementar la Ley eficazmente, con la participación de las familias y le brinden presupuesto para operar eficazmente.
Las familias exigieron que la ley cuente con los recursos adecuados y suficientes, más allá de los dotados actualmente en el presupuesto 2018.
En noviembre de 2014 y como respuesta al caso Ayotzinapa, el presidente Enrique Peña Nieto anunció 10 acciones, entre las que se encontraban una iniciativa de reforma que faculta al Congreso de la Unión para expedir las Leyes Generales en materia de Tortura y Desaparición Forzada y la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas.