*El Estado mexicano, acusado de mantener en la impunidad las violaciones a derechos humanos en contra de las once sobrevivientes.
Ciudad de México, 16 de noviembre de 2017. La verdad y la dignidad impregnaron el primer día en el que las #MujeresDeAtenco fueron escuchadas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estremecedoras, las voces de las cinco sobrevivientes de tortura sexual llamadas a declarar ante el máximo tribunal regional representaron a las once denunciantes que, tras once años de lucha, sentaron al Estado mexicano ante el banquillo de los acusados por la impunidad y las graves violaciones a derechos humanos en su contra cometidas en mayo de 2006.
Más de 3 mil personas se conectaron a la transmisión de la sesión, que se realizó en Costa Rica, para escuchar la recreación de cómo la tortura sexual y las detenciones arbitrarias quebraron la vida de estas once mujeres y cómo las afecta aún de forma física y emocional.
La comisionada Margaret May Macaulay, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentó el caso y reconoció la valentía de las once mujeres, señalando que su caso es emblemático de la discriminación por razones de género.
Norma Jiménez, la primera en rendir su testimonio –en el momento de los hechos estudiante de Artes Plásticas, quien no pudo seguir su carrera porque el dolor que le quedó después de que le fracturaron los dedos como parte de la tortura se lo impide- detalló las agresiones físicas y sexuales a manos de las fuerzas de seguridad.
Norma recordó que, en su primera declaración, el Ministerio Público le impidió denunciar la tortura. Además, “nos llamaron mentirosas y todo este tiempo hemos defendido la verdad”, sostuvo, por lo que es necesario que se sepa la verdad “y que se investigue la cadena de mando para que estos hechos no se vuelvan a repetir”.
Al detallar las afectaciones de los hechos de 2006 en su vida, la artista declaró que “la tortura sexual destruye vidas, familias y comunidades enteras; las sobrevivientes nos hemos tenido que reconstruir solas luchando por la verdad”. A las alegaciones del Estado respecto de haber reconocido ya su responsabilidad en los hechos, Norma Jiménez precisó que el reconocimiento de responsabilidad tiene que ser completo, pues “una verdad a medias no es verdad”.
Tras señalar los problemas familiares derivados de haber decidido emprender la lucha por la justicia, la jueza Elizabeth Odio Benito se dirigió a ella para valorar que “las mujeres nunca nos equivocamos cuando peleamos por nuestros derechos”.
Al recordar la lluvia de golpes y el olor a sangre que acompañaron a su detención y violencia sexual en su contra, Claudia Hernández, la segunda denunciante en rendir su testimonio ante la Corte, advirtió que el médico del penal se negó a revisarla, además de que fue obligada –al igual que otras detenidas y detenidos- a firmar documentos en blanco.
“Ha sido un camino muy difícil porque no pude retomar mi vida después de los hechos, me sentía sucia, humillada, que no tenía ningún valor. Me sentía culpable de no poder ayudar a las mujeres que pedían clemencia, sentía que yo había permitido todo eso”, relató Claudia, y solicitó que se castigue a todos los responsables, incluyendo a la cadena de mando.
Bárbara Italia Méndez, quien dio testimonio de la participación de la Policía Federal Preventiva en los hechos, relató las agresiones sexuales –incluyendo violaciones- que sucedieron durante el traslado al penal y la negativa de las autoridades de consignar las agresiones que denunció, además de intentar culparla de lo ocurrido. La ahora estudiante de leyes –quien abandonó sus estudios y trabajo después de mayo de 2006- insistió en que “para mí, la reparación se traduce principalmente con el acceso a la justicia y la verdad. Que se investigue por qué razón nos trataron como si fuéramos enemigos, por qué me detuvieron arbitrariamente, por qué me torturaron sexualmente”.
Al ser interrogada por el Estado por las razones para requerir como reparación la creación de Centro de Documentación y Acompañamiento de la Tortura Sexual en México, Italia explicó que es importante transformar el horror vivido en capacidad de afrontamiento. “Por eso queremos seguir acompañando a las mujeres que sobreviven a la tortura sexual. Es necesario realizar un mapeo sobre esta práctica en México”, reafirmó.
“Ha sido muy difícil estar de frente al Estado, pues usan todos sus recursos para hacernos sentir pequeñas inválidas, rotas, sin valor”, resumió Italia Méndez.
“Cada día que veo que hacen un operativo policiaco recuerdo el impacto que tuvo sobre mí. Lo revivo porque sé lo que es estar en esa situación”, sostuvo Patricia Torres, la cuarta de las mujeres en hacer escuchar su voz ante la Corte Interamericana. Patricia recordó que, después de salir del penal, denunció las agresiones sexuales, pero en ningún lado fue recibida. Reafirmó que busca la verdad y que se castigue la cadena de mando que participó en el operativo.
La última sobreviviente en prestar su voz fue Suhelen Cuevas, quien contaba con 19 años en el momento en que se quebró su vida por las violaciones a derechos humanos en su contra. No solamente no pudo terminar su carrera de periodismo –vocación que la había motivado a presentarse en Atenco durante los hechos-, sino que su propia familia se fracturó. “Vivo en un estado de indefensión. Siento que soy como un papel al aire”, confesó Suhelen, quien al igual que el resto de las comparecientes indicó que tiene problemas para sostener relaciones afectivas a partir de la tortura sexual.
Y al igual que sus compañeras, Suhelen consideró que los hechos no fueron el error de algunos policías, sino que fue un operativo planeado que debe esclarecerse. La joven madre pidió a la Corte “que se vigile al Estado mexicano por sus acciones hacia la población”.
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En la segunda parte de la audiencia de la Corte IDH sobre el caso Mariana Selvas y otros vs México, la representación de las mujeres ofreció a Julissa Mantilla Falcón y Ernesto López Portillo Vargas como peritos sobre el control de las policías y la investigación adecuada de la tortura sexual.
López Portillo reiteró que la comisión de abusos durante el uso de la fuerza es un patrón constante en México; sostuvo que para que ese patrón cambie se necesitan controles externos sobre la policía que puedan documentar e investigar antes, durante y después del uso de la fuerza, y que es insuficiente pensar que la mera existencia de protocolos que regulen el uso de la fuerza va a cambiar puesto que hay que mirar las prácticas institucionalizadas.
El experto advirtió que la propuesta de que la policía tengan un auditor externo permanente puede contribuir a una mejor rendición de cuentas, y apuntó a que la discriminación contra las mujeres que llega a traducirse en violencia –como en el caso- es parte de la cultura institucional de las policías mexicanas.
El perito resaltó que, en última instancia, los responsables en casos de uso excesivo de la fuerza tienen que ser también mandos políticos. Señaló que, aunque en los distintos países los casos emblemáticos de abuso policial han suscitado reformas estructurales, esto no ha sucedido en México.
La perita Julissa Mantilla señaló, en su intervención, que las investigaciones por violencia sexual deben ser imparciales, efectivas e inmediatas, lo que no sucedió en el caso, pues el Estado falló en ofrecer una investigación expedita y ordenada.
Mantilla señaló que las víctimas de violencia sexual son sometidas a estereotipos de género donde se les descalifica y culpabiliza, se quita responsabilidad al agresor y se le reduce la importancia de lo sucedido, lo que genera impunidad.
La experta señaló que, al ser un operativo de Estado lo sucedido en Atenco, se debieron prever los riesgos de uso de violencia sexual, lo que tendría que investigarse a nivel de prevención. En cuanto a los autores materiales, indicó que el Estado debió agotar todos los medios independientemente de la identificación hecha por las víctimas. Además, se debió investigar en tiempo real lo sucedido, quien estuvo a cargo de la supervisión, y finalmente, se debió evitar la revictimización.
Mantilla sostuvo que la impunidad en casos de violencia sexual viene siendo la regla y no la excepción.
*Publicado en Animal Político. Para leerlo en el sitio, da click aquí