Son 11 las mujeres denunciantes de tortura sexual en Atenco: Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo. Gracias a la búsqueda de justicia emprendida por estas luchadoras sociales, el tema no se ha tirado al olvido, ellas también han abierto la posibilidad de que la violación sexual logre tipificarse como tortura.
La resolución del caso es una oportunidad para contar con medidas para atacar las fallas estructurales del sistema de justicia en México, evidenciadas la tortura generalizada, especialmente la sexual. La Corte podrá ordenar al Estado implementar medidas estructurales para mejorar la investigación, garantizar la independencia de especialistas que documentan casos de tortura y fortalecer los controles sobre los cuerpos policiales para prevenir y sancionar los excesos en el uso de la fuerza. En el tema de género, la Corte podría desarrollar los tipos de violencia sexual que pueden constituir tortura, esta grave violación de derechos reconocida por la ONU como generalizada en México. El caso podría ordenar la eliminación de las disposiciones que hoy criminalizan la protesta, modificando la práctica de detenciones masivas.
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