La semana pasada se presentaron los resultados de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia, realizado por el IIJ (UNAM), el CIDE y el Inacipe. Ese día inició además la Conferencia Internacional Seguridad, Democracia y Derechos Humanos: La vía civil, convocada por varias instituciones académicas. Ambos ejercicios presentaron un panorama desolador sobre el estado de las instituciones de justicia penal del país.
Ambos ejercicios tendrían que servir para que Ejecutivo y Legislativo formulen una política de seguridad distinta a la que tenemos; que permita revertir el fracaso que vivimos e implementar estrategias basadas en evidencia, con objetivos claros y sujetas a evaluación constante. Las conclusiones son claras y coincidentes: sin policías y fiscalías eficientes, capacitadas, bien pagadas y respetuosas de las leyes es imposible imaginar resultados diferentes. Sin un esfuerzo nacional de compromiso de largo plazo, la situación será aun peor y podemos esperar más ilegalidades, más violaciones a los derechos humanos y más impunidad.
Pero a pesar de la gravedad de los diagnósticos, las decisiones de la clase política apuntan en dirección contraria. En otras palabras, se propone el fortalecimiento de la estrategia militar por encima de la transformación de las instituciones civiles y, en consecuencia, se acepta seguir con sistemas de seguridad deficientes (e incluso criminales). No se trata ya de errores o negligencia, sino de decisiones que a conciencia perpetúan los sistemas vigentes y la crisis que vivimos. ¿A quién beneficia esto?